Los principios de los resultados de un taller organizado en 2018 por ONUSIDA y ACNUDH junto con la CIJ para debatir las funciones de los juristas al abordar el impacto de las leyes penales sobre los derechos humanos. La reunión dio lugar a un llamamiento a que los tribunales, las legislaturas, los abogados y los fiscales se rijan por una serie de principios jurídicos.
PRINCIPIO 15 – ABORTO
Nadie puede ser penalmente responsable por la pérdida de su embarazo, incluida la pérdida de un embarazo como resultado de una emergencia obstétrica, como un aborto espontáneo o un mortinato, o por intentar o someterse a un aborto o por otras decisiones que tome con respecto a su embarazo o parto.
El derecho penal no puede prohibir el aborto. El aborto debe estar completamente fuera del ámbito de la ley penal, incluso por tener, ayudar, asistir o proporcionar un aborto, o medicamentos o servicios relacionados con el aborto, o proporcionar información relacionada con el aborto basada en evidencia.
Ningún otro delito penal, como el asesinato, el homicidio involuntario o cualquier otra forma de homicidio ilegítimo, puede prohibir o aplicar para tener, ayudar, asistir o proporcionar un aborto, o medicamentos o servicios relacionados con el aborto, o proporcionar un aborto basado en evidencia. -información relacionada.
PRINCIPIO 16
La conducta sexual consentida, independientemente del tipo de actividad sexual, el sexo/género, la orientación sexual, la identidad de género o la expresión de género de las personas implicadas o su estado civil, no podrá ser tipificada como delito en ningún caso. Las relaciones sexuales consensuadas entre personas del mismo sexo, así como las relaciones sexuales consensuadas entre diferentes sexos, o las relaciones sexuales consensuales con o entre personas trans, no binarias y otras personas de género diverso, o fuera del matrimonio, ya sea prematrimonial o extramatrimonial, nunca pueden, por lo tanto, ser criminalizadas. .
Con respecto a la aplicación de la ley penal, cualquier edad mínima prescrita para el consentimiento sexual debe aplicarse de manera no discriminatoria. La ejecución no puede estar vinculada al sexo/género de los participantes o la edad de consentimiento para el matrimonio.
Además, la conducta sexual en la que participen personas menores de la edad mínima de consentimiento para las relaciones sexuales prescrita en el país puede ser consentida de hecho, si no de derecho. En este contexto, la aplicación de la ley penal debe reflejar los derechos y la capacidad de las personas menores de 18 años para tomar decisiones sobre la conducta sexual consentida y su derecho a ser escuchados en los asuntos que les conciernen. De acuerdo con sus capacidades evolutivas y su autonomía progresiva, las personas menores de 18 años deben participar en las decisiones que les afecten, teniendo debidamente en cuenta su edad, madurez e interés superior, y con especial atención a las garantías de no discriminación.
PRINCIPIO 20 – USO DE DROGAS Y POSESIÓN, COMPRA O CULTIVO DE DROGAS PARA USO PERSONAL
El derecho penal no puede proscribir:
a) el uso de drogas o la posesión, compra o cultivo de drogas para uso personal, incluso por cualquier persona menor de 18 años o durante el embarazo;
b) posesión o distribución de equipos, bienes e información relacionados con el uso personal de drogas o con respecto a los servicios de salud para las personas que usan drogas;
c) actividades o servicios llevados a cabo como parte de esfuerzos de calidad garantizada, científicamente sólidos y médicamente apropiados para prevenir o reducir los daños asociados con el uso de drogas, incluida la distribución de kits de uso de drogas más seguros, agujas y jeringas estériles, naloxona y la provisión y supervisión de sitios de consumo seguros; o d) buscar, recibir o impartir información sobre servicios de salud para personas que consumen drogas, incluidos equipos, bienes, instalaciones o información destinados a prevenir o reducir los daños asociados con el
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