Tal como ha sucedido ya con tratados similares, resulta una lectura jurídica ingenua y equivocada pensar que lo que se aprueba es nada más que un articulado en abstracto, que se interpretará de buena fe. Nada más erróneo. Resulta insólito que se vuelva a incurrir en ese grave error político desde algunos sectores Pro-Vida.
La experiencia indica que lo menos relevante de este tipo de convenciones suelen ser sus normas -amplias y de semántica multívoca- sino las interpretaciones que le otorgan los organismos de aplicación de la Convención. Son esas interpretaciones (siempre pro-aborto y siempre favorables a la ideología de género) no la Convención, las que “por la ventana” pasan a tener rango constitucional, y a las que se deberán subordinarse el estado nacional en sus tres poderes, las provincias, la CABA y toda la sociedad argentina.
Esas interpretaciones tendenciosas siempre, en el contexto actual, encuentran apoyo judicial si se osa impugnarlas. El ejemplo más patente de lo dicho se cristalizó en el célebre caso “FAL”. No puede soslayarse que innumerables tribunales argentinos están integrados, desde hace tiempo, por jueces/as ideologizados y radicalizados en materia de género.
La Corte Suprema, en su activismo favorable al aborto, ignorando groseramente la letra de las convenciones constitucionales, del propio art. 75 inc. 22 de la CN y anulando el contenido Pro-Vida de la CN histórica, hizo prevalecer -contra viento y marea- una interpretación abortista extrema de tales convenciones, del art. 75 inc. 22 y de la misma CN. La interpretación de la Corte fue, al pie de letra, la interpretación proveniente de los órganos de aplicación de las convenciones constitucionales, pro-aborto y pro-ideología de género.
En definitiva, lo que se está haciendo, no podemos engañarnos, es darle “rango constitucional”, por vía oblicua, a una convención cuyos alcances son los de los organismos internacionales de aplicación, totalmente pro-aborto y embanderados en la peor versión de la ideología de género y del feminismo extremo. La grave cuestión de la violencia contra la mujer, por demás, está suficientemente cubierta, con rango constitucional, por la CEDAW. No es necesario incorporar también esta convención que implica un enorme riesgo para la causa pro-vida.
Resulta una ingenuidad no percibir que quienes están detrás de esta elevación a rango constitucional de la Convención de Belem do Pará son los mismos legisladores que han favorecido el aborto en sus versiones más extremas, como toda la legislación de perspectiva de género -que es ideológica- y que se ha constituido en un mecanismo de adoctrinamiento desde el estado, contrario a las convicciones de millones de argentinos.
Sorprende la ceguera de no querer ver que quienes proponen esto lo hacen para reforzar, con rango constitucional, la ley del aborto en Argentina tratando, además, de cancelar todo debate público al respecto.
La recurrente insistencia, año a año, de lograr este objetivo -dar rango constitucional a la Convención Belem do Pará- como los diputados y senadores que lo solicitan son la mejor prueba de los poderosos intereses y lobbys internacionales y nacionales que se mueven detrás. Recordemos que en 2021 sus impulsoras fueron las senadoras Durango (FdT) y Gladys González (PRO), embanderadas en los intereses corporativos que animaron la implementación del aborto como “derecho” en la Argentina. Prueba concreta de ello la encontramos en que está próxima a celebrarse en CABA la “XIX Reunión de Expertas del MESECVI” (Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las mujeres).
Existe una vinculación directa entre la realización de dicho evento con el intento de elevación a rango constitucional de esta norma. Tampoco pueden caber dudas de los múltiples intereses que hay en juego. La frenética actividad de lobby que llevaban a cabo anoche diputadas abortistas como Silvia Lospenato del PRO, así lo confirman.
No se puede ser ciego a esto y, después de “dejarlo pasar” volver a decir “somos pro-vida”. No hay conciliación posible entre esta Convención y la postura “Pro-vida”; son antitéticos. Millones de votantes están hartos de todas estas imposiciones legislativas del feminismo extremo, que cumplen disciplinadamente su agenda de objetivos -alineados con la Agenda 2030- completamente indiferentes a los problemas reales que afectan a la Argentina y su sociedad. Basta ya señores legisladores de trabajar para minorías bien solventadas que atacan a la sociedad argentina. ¿Van a seguir siendo funcionales?
Aquellos senadores y diputados que votaron en contra del aborto en diciembre de 2020 y que, ahora, bajo argumentos meramente literales del articulado, están por constitucionalizar esta Convención, lo que están haciendo es darle rango constitucional a la ideología abortista y al feminismo extremo, absolutamente contrarios a la ideología de nuestra CN y a las convicciones éticas y morales de millones de argentinos.
Están traicionando hoy lo que votaron en diciembre de 2020, no se puede ser Pro-Vida y ser favorable a Belem do Pará, representan visiones totalmente opuestas de la mujer y la sociedad.
Es hora de que los legisladores con convicciones Pro-Vida cierren filas frente a estos embates del abortismo; no se trata simplemente de votar en contra de aborto sino también negarse a sancionar leyes que sigan favoreciendo su consolidación y la de la ideología que lo sustenta.
Por Portal de Prensa
